¿Por qué sí a Escazú?

María José Orué Franco*

En medio de confusiones y sectores que intentan desprestigiar e impedir la entrada en vigor del “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” o “Acuerdo de Escazú”, este artículo pretende ser un breve aporte a quienes de alguna forma deseen comprender parte de las razones por las cuales será de utilidad para nuestra región y para nuestro país.[1]

Este instrumento no pretende imponer sino implementar el ejercicio efectivo de tres derechos humanos enfocados a las cuestiones ambientales, se trata de los derechos de acceso a la información, de participación y de acceso a la justicia, los que en su conjunto fortalecen la democracia ambiental.

Principios que guían al Acuerdo

Mucho se han pronunciado en contra del principio precautorio mencionado en el inciso f) del artículo 3. En este sentido, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

En primer lugar, se trata de un principio propio del derecho internacional ambiental, en segundo, es un principio ya existente en el derecho paraguayo presente en leyes ambientales como el Convenio sobre Cambio Climático,[2] el Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR,[3] el Protocolo de  Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre Biodiversidad Biológica,[4] la Convención de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes,[5] así como en la Ley De calidad del aire,[6] y, tercero, no es el único principio contenido en el Acuerdo, ya que en total existen 11 principios.

Precisamente, en atención a que para algunos este instrumento afecta negativamente a la soberanía del Paraguay,[7] el “principio sobre soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales” se encuentra contenido en el inciso i).

Entre otros aspectos, el Acuerdo de Escazú representa brindar mayores espacios de participación a la sociedad debidamente informada para tomar de decisiones que puedan afectar al ambiente. La Constitución Nacional garantiza la defensa del ambiente por parte de cualquier persona, sea de forma individual o colectiva.[8]

Interdependencia entre derechos humanos y medio ambiente

En el 2011, la Resolución N° 1819, aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reconoció el vínculo entre los ámbitos de derechos humanos y el medio ambiente al indicar que “el efectivo goce de todos los derechos humanos, incluyendo el derecho a la educación, los derechos de reunión y de libertad de expresión, así como el disfrute pleno de los derechos económicos, sociales y culturales, podría facilitar una mejor protección del medio ambiente.”

En el 2017, mediante una Opinión Consultiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se pronunció igualmente sobre la interdependencia existente entre los derechos humanos y el ambiente,[9] es decir, el goce efectivo de otros derechos como la vida, la salud, dependen de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

A nivel regional el Acuerdo de Escazú es un hito para América Latina y el Caribe ya que en la Unión Europea existe otro acuerdo anterior y similar, el Acuerdo de Aarhus,[10] vigente en el continente europeo.

Defensores ambientales

La principal variante entre el Acuerdo de Aarhus y el Acuerdo de Escazú es que este último también ofrece garantías para los defensores de derechos ambientales.[11] En nuestra región existe un gran número de defensores ambientales asesinados. Según datos de Global Witness, 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados durante el 2019, con lo que América Latina es la región más peligrosa en este aspecto.[12]

Entre estos defensores se encuentran también los guardaparques, recordemos que en el año 2018 Rumildo Toledo y Artemio Villalba, guardaparques de la Reserva Natural Privada Tapytá, en el departamento de Caazapá, fueron asesinados. A dos años del hecho, el caso aún sigue sin resolverse.

En el Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA) en las áreas protegidas de Mbaracayú, San Rafael, Morombí y Caazapá tras la existencia de cultivos ilícitos de marihuana, los guardaparques que defienden las áreas protegidas han sido amenazados, desaparecidos o asesinados. A su vez, las comunidades indígenas que viven en los alrededores conviven con el narcotráfico y los campamentos ilegales.[13]

La estigmatización,[14] la persecución y criminalización[15] de la defensa ambiental son algunas de las amenazas que enfrentan los defensores de derechos ambientales.[16]

Escazú y la Agenda 2030.

El Acuerdo Regional de Escazú concilia una relación con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Paraguay es parte de esta agenda y asumió un compromiso en cuanto a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)[17] cuyos pilares conjugan una dimensión económica, social y ambiental con un carácter integrado e indivisible, bajo el lema de “no dejar a nadie atrás”.

Resulta interesante destacar que según Jeffrey Sachs (2015), consejero especial de las Naciones Unidas, el desarrollo sostenible es “como una búsqueda intelectual, (…) trata de dar sentido a las interacciones de tres sistemas complejos: la economía mundial, la sociedad mundial y el ambiente físico de la Tierra”.

El Acuerdo Regional de Escazú no pretende frenar el desarrollo, no busca truncar nuestro “futuro como país agroexportador” sino que estas prácticas sean realizadas de forma sostenible, sin comprometer las necesidades de futuras generaciones.

Agroexportadores Vs. deforestación ilegal

¿Acaso la deforestación ilegal no es un problema en nuestro país?, sí lo es. Al ritmo en que la ley forestal actual es incumplida habrá una tendencia mayor a establecer en el Chaco una “ley de deforestación cero” similar a la que rige en la región Oriental, en donde pese a su existencia persiste la tala indiscriminada de bosques.

El Acuerdo Regional de Escazú es una oportunidad para ser más exigentes con la defensa de los derechos ambientales, de informarnos debidamente, ser partícipes en la toma de decisiones y de obtener un acceso real a la justicia ambiental. Es una oportunidad para que nuestra “reputación como país exportador” adquiera un enfoque sostenible, ambientalmente responsable y pueda cumplir con una trazabilidad apta que pueda proyectarse de esta forma a los mercados internacionales.

Recordemos el informe realizado por el Sistema de Información Pública del Instituto Ambiental de Estocolmo en el cual se señalaba que Paraguay tiene un riesgo de deforestación de 734 hectáreas por cada 1.000 toneladas de carne vacuna exportada. Brasil, principal exportador mundial, desmonta 88 hectáreas por cada 1.000 toneladas de carne.[18] Esto ubica a nuestro país entre los países que más deforestan en el mundo para la producción de carne, lo cual puede ser un indicador de la insostenibilidad de algunas prácticas en la industria ganadera.

Con estas consideraciones, para que el Acuerdo de Escazú sea una realidad debemos seguir incentivando el debate e instar a las autoridades a su ratificación. Nos urge más que nunca: ¡Escazú ahora!

Bibliografía de referencia

Abc Color: https://www.abc.com.py/nacionales/2020/10/05/titular-del-mag-sobre-tratado-de-escazu-se-pierde-soberania-con-la-aplicacion-de-esta-normativa/. Consultado el 17 de octubre de 2020.

Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Naciones Unidas. CEPAL, Escazú, 4 de marzo de 2018, disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf

Constitución Nacional de la República del Paraguay. Convención Nacional Constituyente, Asunción, Paraguay, Sancionada y Promulgada el 20 de junio de 1992.

Convenio de Aarhus, Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, Aarhus, 25 de junio de 1998, disponible en: https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_informacion_desarrollos_convenio_aahrus.pdf

Corte IDH. Opinión Consultiva OC-23/17 del 15 de noviembre de 2017. Solicitada por la República de Colombia. Medio Ambiente y Derechos Humanos. San José, Costa Rica, 2017.

Global Witness (2017). Defender la tierra. Asesinatos globales de defensores/as de la tierra y el medio ambiente en 2016. LLoyds Chambers, United Kingdom.

— (2019). Defendiendo el Mañana: La crisis climática y amenazas contra defensores de la tierra y elmedio ambiente, disponible en: https://www.globalwitness.org/es/defending-tomorrow-es/. Consultado el 17 de octubre de 2020.

IDEA: https://www.idea.org.py/2020/08/24/informe-invita-a-debatir-sobre-la-sustentabilidad-de-la-produccion-de-carne-paraguaya-de-exportacion/. Consultado el 18 de octubre de 2020.

Mongabay Latam: https://es.mongabay.com/2020/10/marihuana-bosques-paraguay/. Consultado el 17 de octubre de 2020.

Objetivos de Desarrollo Sostenible: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/. Consultado el 20 de octubre de 2020.

Reporte de consulta regional. Identificando y superando los riesgos, amenazas y desafíos que enfrentan los defensores del medio ambiente en América Latina. Un enfoque particular en los defensores indígenas y rurales (2018), disponible en: https://www.universal-rights.org/wp-content/uploads/2018/10/DDHA-Reporte-reunion3.pdf. Consultado el 18 de octubre de 2020.

Resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos “Derechos Humanos y Medio Ambiente” AG/RES. 1819 (XXXI-O/01) (5 de junio de 2001), disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/ag01/agres_1819.htm 

Sachs, J. (2015). The age of sustainable development. Colombia University Press citado en Pueblos indígenas y afrodescendientes: herramientas para la defensa del territorio: Indicadores para la evaluación de la consulta y protocolo para la resolución de conflictos socioambientales / Nick Middeldorp, Rosembert Ariza. San José, C.R. IIDH, 2018, p.95, disponible en: https://www.iidh.ed.cr/iidh/media/6345/ind%C3%ADgenas-1-142-final.pdf


* Abogada y Notaria por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe por el Centro Internacional de Estudios Políticos de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Miembro de MUNDER, de la Red de Promotores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Red Nacional de Jóvenes por el Agua.

[1] Aprobado en la Ciudad de Escazú, Costa Rica el 4 de marzo de 2018. Disponible en

[2] Art. 3 numeral 3 de la Ley N° 251/93.

[3] Art. 1 de la Ley N° 2068/03.

[4] Art. 1 de la Ley N° 2309/03.

[5] Art. 1 de la Ley N° 2333/03.

[6] Art. 4 numeral 2 de la Ley N° 5211/14.

[7] https://www.abc.com.py/nacionales/2020/10/05/titular-del-mag-sobre-tratado-de-escazu-se-pierde-soberania-con-la-aplicacion-de-esta-normativa/. Consultado el 17 de octubre de 2020.

[8] Art. 38 de la Constitución Nacional “Del derecho a la defensa de los intereses difusos”.

[9] Corte IDH. Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, solicitada por la República de Colombia, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf

[10] Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Adoptado en Dinamarca el 25 de junio de 1998. Entró en vigencia el 30 de octubre de 2001 bajo el auspicio de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE).

[11] Según la organización internacional Global Witness (2017: 12), los defensores de derechos ambientales son aquellas que personas que “realizan acciones pacíficas, ya sea de forma voluntaria o profesional, para proteger los derechos ambientales o de la tierra (…) Algunas son líderes indígenas o campesinas que viven en montañas remotas o bosques aislados, protegiendo sus tierras ancestrales y medios de subsistencia tradicionales de proyectos mineros, represas y hoteles de lujo. Otras son guardaparques enfrentando la caza furtiva y la tala ilegal. Incluso podrían ser abogadas, periodistas o personal de ONG que trabaja para exponer el abuso ambiental y el acaparamiento de tierras…”

[12] https://www.globalwitness.org/es/defending-tomorrow-es/. Consultado el 17 de octubre de 2020.

[13] https://es.mongabay.com/2020/10/marihuana-bosques-paraguay/. Consultado el 17 de octubre de 2020.

[14] Frecuentemente, quienes defienden el medio ambiente son sujetos de todo tipo de calificativos negativos tanto en contra suya como de sus actividades. Estas acciones de desprestigio, originadas por algunos sectores de los Estados, de empresas, o cuerpos de seguridad públicos y/o privados, tienen como objetivo quebrantar las actividades de defensa del medio ambiente y los derechos humanos. Ejemplos de actos de estigmatización incluyen equiparar a los y las DDMA con grupos al margen de la ley, terroristas, movimientos antipatriotas y anti-desarrollistas. (Reporte de consulta regional, 2016: 5)

[15] La criminalización de los defensores es una tendencia en aumento en América Latina. Cada vez con mayor frecuencia se utiliza el derecho penal de manera indebida para arrestar, judicializar e investigar a los y las DDMA como forma de impedir las actividades de defensa. Cuando la persona criminalizada es cabeza de familia, sus dependientes económicos quedan desprotegidos, lo cual a su vez afecta el tejido social y familiar. (Reporte de consulta regional, 2016: 5)

[16] Reporte de consulta regional: https://www.universal-rights.org/wp-content/uploads/2018/10/DDHA-Reporte-reunion3.pdf. Consultado el 18 de octubre de 2020.

[17] Página oficial de los ODS: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

[18] https://www.idea.org.py/2020/08/24/informe-invita-a-debatir-sobre-la-sustentabilidad-de-la-produccion-de-carne-paraguaya-de-exportacion/. Consultado el 18 de octubre de 2020.

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